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Conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores a ser realizado y permite delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier información relevante para satisfacer la necesidad de que se trate.

Es la etapa que inicia con la formalización y perfeccionamiento del contrato u orden de compra o de servicio, dentro de la cual se producen todas las actuaciones e incidencias vinculadas a su administración, gestión y ejecución, desde las condiciones de su inicio, las modificaciones contractuales, el equilibrio económico, hasta su terminación.

Es la etapa que inicia con la terminación del contrato y que comprende el período de ejecución de las obligaciones posteriores y accesorias que puedan subsistir entre las partes, tales como garantías sobre productos, vicios ocultos o aquellas que se deriven de la liquidación del contrato u orden de compra o de servicio.

Es la etapa dentro de la cual se realizan todas las actuaciones previas a la formalización del contrato, que incluyen las fases de planificación, de preparación, de convocatoria, de aclaraciones y respuestas a los oferentes, posibles adendas o enmiendas, de presentación, apertura y evaluación de ofertas y la adjudicación.

Las credenciales son los documentos que demuestran los requisitos exigidos al oferente en relación con su capacidad técnica, profesional, experiencia, su solvencia financiera y su idoneidad para ejecutar el contrato, los cuales deberán ser proporcionales al valor y complejidad del objeto a contratar.

Es cualquier característica, circunstancia, condición, situación, conducta o elemento que aumenta la probabilidad de que se produzca un suceso constitutivo de irregularidad, fraude, corrupción o cualquier comportamiento que promueva la afectación de los principios rectores que rigen la contratación pública. Son situaciones que pueden generar un riesgo de incumplimiento de cualquier naturaleza dentro de la institución.

Son las fallas técnicas ocurridas en el SECP que impiden el uso adecuado o hacen indisponible el SECP, en estos casos, los interesados deberán comunicar la situación a la Dirección General de Contrataciones Públicas mediante los canales autorizado, para que determine las actuaciones a realizar siguiendo el trámite o protocolo que al efecto se haya establecido.

Nivel utilizado por el Registro de Proveedores del Estado (RPE) para clasificar las actividades de comercio de los proveedores. Se expresa mediante el tercer y cuarto dígito.

Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas por la Entidad Contratante.

Los obtenidos a través de la recaudación de las personas físicas o jurídicas que tributan en la República Dominicana, del Presupuesto General de la Nación, de financiamientos nacionales o internacionales, o cualquier otra modalidad lícita de obtención de fondos por parte de la Administración Pública, con un propósito o finalidad de carácter estatal. (Artículo 4 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones).

Conforme a las disposiciones del artículo 10 de la Ley núm. 340-06, y al artículo 87 del reglamento 416-23 Se presumirá que existe fraccionamiento, cuando en un lapso menor de tres (3) meses, contados a partir del primer día de la convocatoria, se realice otra convocatoria dentro del mismo año presupuestario para la compra o contratación de bienes, servicios u obras pertenecientes a un mismo rubro-clase.

Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos, epidemias, guerras, actos de terrorismo, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Es el equivalente a los montos que reciba el adjudicatario como adelanto.

Se entenderá como garantía de fiel cumplimiento aquella que es constituida a favor del ente u órgano contratante para asegurar que el adjudicatario cumpla con las condiciones y cláusulas establecidas en la orden de compra, de servicio o contrato, y que el bien, servicio u obra sea entregado de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el pliego de condiciones y la orden de compra, orden de servicio, o contrato suscrito. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser obligatoriamente integrada por los adjudicatarios cuyos contratos u órdenes de compra o de servicio excedan el equivalente en pesos dominicanos de US$10.000,00, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación. En caso de que el valor de los contratos, órdenes de compra o de servicio no exceda el equivalente en pesos dominicanos de US$10,000.00, la garantía de fiel cumplimiento de contrato es opcional. En este caso, las instituciones tienen la facultad de prescindir de esta garantía. No obstante, esta condición debe estar claramente establecida en el pliego de condiciones.

Correspondiente al cuatro por ciento (4%) del monto total de la adjudicación. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) esta garantía corresponderá al uno por ciento (1%) del monto total de la adjudicación.

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta.

Medios a través de los cuales se pretende dotar de una mayor seguridad el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de una obligación, dentro del proceso de contratación pública. Las garantías solo podrán consistir en pólizas de seguros o garantías bancarias.

Instrumento diseñado por la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de armonizar los conceptos entre el Catálogo de Bienes y Servicios y el Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto del Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público, a fin de facilitar y agilizar los procesos de compras, ejecución presupuestaria en las instituciones públicas y así lograr una imputación del gasto con mayor exactitud.

Son documentos que tienen por objetivo ofrecer directrices generales a las instituciones contratantes para la adquisición de bienes, obras y servicios.

Es el acto mediante el cual el proveedor, oferente o proponente reclama ante la institución contratante cuando entiende violentados sus derechos durante un proceso de contratación.